José Jerí fue el séptimo jefe de Estado del país en 10 años. Te contamos por qué fue destituido.
Este martes 17 de febrero 2026, el Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí y reveló los motivos para separarlo del cargo. José Jerí accedió como presidente del Congreso en octubre de 2025, con lo cual se convirtió en el séptimo jefe de Estado peruano en 10 años.
Este martes, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, Jerí fue removido del cargo al que había llegado el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fue destituida.
Según supo Notas de Actualidad, se informó este martes que «la mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república», según un anuncio del jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El congreso elegirá mañana a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio 2026. De acuerdo con lo que determinó el Congreso, José Jerí fue destituido por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político.
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En octubre, Jerí era presidente del Congreso y, según la ley, le correspondía suceder a Boluarte, que no tenía vicepresidentes. Ahora, luego de ser destituido, volverá a su cargo de legislador hasta el 28 de julio cuando también asuma el nuevo Parlamento.
La decisión del Parlamento se produjo en medio de fuertes cuestionamientos por el denominado “Chifagate”, el escándalo que expuso presuntas reuniones no oficiales con empresarios de origen chino. Según trascendió, algunos de esos encuentros no habrían sido registrados en la agenda oficial y uno de ellos se habría realizado con el mandatario encapuchado, un hecho que generó especial polémica en la opinión pública.
Según supo Notas de Actualidad, a raíz de estas revelaciones, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. Para varios bloques legislativos, la gravedad de los indicios y la falta de explicaciones satisfactorias por parte del jefe de Estado configuraban una situación incompatible con la investidura presidencial, lo que motivó el impulso del juicio político.
Durante el debate, congresistas de distintas bancadas sostuvieron que no se trataba solo de un caso judicial en trámite, sino de un cuestionamiento ético y político sobre la conducta del mandatario. En ese contexto, la mayoría parlamentaria concluyó que existía inconducta funcional y carencia de idoneidad para ejercer el cargo, argumentos que finalmente inclinaron la votación a favor de la destitución.
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Además, durante el proceso también se mencionaron versiones sobre una presunta red que habría ofrecido supuestas oportunidades laborales a jóvenes mujeres, bajo modalidades que ahora son materia de investigación. Algunos legisladores señalaron que estos señalamientos, difundidos inicialmente por medios locales y luego incorporados al debate político, profundizaron el desgaste de la figura presidencial.
Si bien no existen hasta el momento acusaciones formales que vinculen directamente al exmandatario con una estructura de explotación, el solo hecho de que su entorno apareciera mencionado en denuncias relacionadas con ofrecimientos irregulares de empleo y posibles situaciones de vulnerabilidad encendió alertas en el Congreso. Diversas bancadas consideraron que la gravedad de esas sospechas impactaba en la credibilidad institucional.
Según supo Notas de Actualidad, en ese marco, los parlamentarios argumentaron que la acumulación de cuestionamientos —tanto por las reuniones no oficiales como por las denuncias sobre presuntas redes irregulares— configuraba un escenario políticamente insostenible. Así, la mayoría concluyó que correspondía apartarlo del cargo mientras continúan las investigaciones en el ámbito judicial.
